La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado este lunes a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el cónclave donde el Gobierno y las autonomías debaten sobre los asuntos presupuestarios—, que se presume de alta tensión en un momento político clave: el Ejecutivo de Sánchez negocia con ERC los apoyos para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña, y con el reto de aprobar unos Presupuestos del Estado para 2025 que serán decisivos para el futuro de la legislatura. La consejera catalana, Nuria Más, ya ha confirmado su asistencia. “Iremos a llevar nuestra propuesta de financiación singular, que es factible desde todos los puntos de vista, desde el jurídico al económico. Es hora de salir de un sistema que nos perjudica”, dijo la consellera la semana pasada. E insistió en que el nuevo sistema específico para Cataluña es “urgente e inaplazable”.
La reunión está convocada para cumplir un trámite legal. Cada año por estas fechas, Hacienda cita a las comunidades para comunicarles los recursos de los que dispondrán el próximo año, las llamadas entregas a cuenta del sistema de financiación; y los márgenes presupuestarios que tendrán que cumplir, los objetivos de reducción de la deuda y el déficit público. Pero en esta ocasión, Montero va a tener que aplacar a las comunidades.
Por un lado, tendrá enfrente a la consejera catalana exigiendo un trato singular en la financiación para Cataluña, algo que no resulta fácil de encajar sin afectar a la actual arquitectura autonómica. Por otro, también se enfrentará a la mayoría de las autonomías del PP, que aprovecharán para visibilizar su oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es la primera reunión, tras las elecciones autonómicas del año pasado, que el PP podrá escenificar su poder territorial.
Los conservadores gobiernan en 11 de las 15 comunidades de régimen común (sin contar Ceuta y Melilla) y se coordinarán para expresar su rechazo a la propuesta del Ejecutivo estatal de ofrecer una financiación singular para Cataluña. Los consejeros de Hacienda del PP llegan, además, liberados tras la ruptura de Vox con el PP. Además, el consejero de Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, también se ha alineado con los populares en el rechazo a una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña.
Pero es Montero quien tiene el poder y la experiencia para afrontar la situación. Ella maneja las llaves de las arcas públicas. La ministra de Hacienda ha sido muy persistente en la reducción de los desequilibrios presupuestarios. De hecho, España redujo el déficit desde cotas del 10% del PIB en la pandemia a cerca del 3,6% el año pasado. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a rebajar el déficit público al 2,5% del PIB el próximo año y esta semana debe fijar la senda de consolidación fiscal para los próximos tres años (2025-2027). Hacienda decidirá como se reparte ese esfuerzo entre las diferentes administraciones (Estado, autonomías, Ayuntamientos y Seguridad Social). Y esa decisión afectará a las cuentas regionales.
Las comunidades tienen que empezar a elaborar sus presupuestos con el nuevo marco fiscal europeo. De los cálculos de Hacienda depende la cantidad de recursos que recibirán y el grado de exigencia de las nuevas reglas presupuestarias. Hasta ahora los consejeros regionales diseñaban el proyecto de las cuentas públicas con el objetivo de déficit y deuda que marca el ministerio, pero ahora también deben incorporar la nueva regla de gasto, que limita seriamente los aumentos de los desembolsos. Y, precisamente, la rigidez que Hacienda imponga a esa regla será fundamental para las finanzas autonómicas.
Pero es que, además, las autonomías han dispuesto este año de más recursos que nunca procedente de la aplicación sistema de financiación, con la recaudación en récord porque la inflación alimenta los ingresos, pero también por las liquidaciones positivas del año 2022. El Estado les ha brindado este año una buena cantidad de recursos porque hace dos ejercicios ingresó mucho más de lo que había previsto. Y esas liquidaciones no serán tan generosas el próximo año, porque la recaudación esperada por el Ejecutivo estatal con la crisis inflacionaria que ya está remitiendo estaba más ajustada. Así que las comunidades tendrán que hacer un importante ejercicio de contención en 2025. No es que vayan a tener menos recursos, pero tendrán más limitaciones.
Negociación bilateral
El orden del día de la reunión recoge una pregunta, introducida por la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, para que la ministra de Hacienda se pronuncie sobre la postura del Gobierno en cuanto a la financiación autonómica. El objetivo último de los populares es evidenciar la negociación bilateral entre el Ejecutivo y Cataluña en detrimento del resto de territorios. Hacienda lleva trabajando meses en la reforma del sistema de financiación, pero no ve margen político para sacarla adelante en este momento de fragmentación del parlamento y con el PP en contra.
La ministra Montero dibujó la semana pasada su línea de defensa. Durante su intervención en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, la vicepresidenta primera del Gobierno reclamó al líder de los populares “una posición única” de todas las comunidades respecto a la reforma de la financiación autonómica. “Lo que defiende Cantabria no es lo mismo que defiende Andalucía y no es los que defiende Madrid”, subrayó. La ministra de Hacienda cargó contra el PP porque considera que no tiene una postura unificada sobre la dirección que debe tener la reforma del sistema de financiación y solo utilizan esta cuestión para hacer “bronca”. “Ni siquiera se quieren sentar a hablar. No quieren abordar la reforma del sistema de financiación, quieren convertir este debate en la bronca, en la confrontación y, por tanto, en el agravio entre territorios, que es la manera de ejercer la oposición.
Esta misma semana, la presidenta extremeña, María Guardiola (PP), reclamó delante de Pedro Sánchez “una financiación justa para Extremadura. Su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se sumó a esa ofensiva de los conservadores elevando el tono: acusó a los socialistas de querer “comprar la presidencia de la Generalitat con el dinero de todos. Vamos a defender la igualdad de todos los españoles. Nadie es más que nadie”. Incluso el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canarias, expresó su oposición a la negociación bilateral para un sistema de financiación singular para Cataluña. “Vamos a defender hasta las últimas consecuencias que el equilibrio territorial no se rompa y que podamos garantizar la financiación de los servicios públicos básicos y esenciales en Canarias”, proclamó el pasado martes.
Fondo transitorio
En la Comunidad Valenciana y Andalucía también han anticipado la oposición al Gobierno: “La voluntad y la esperanza van por sitios diferentes, porque la voluntad es mucha: como no puede ser de otra forma, vamos con todas las ganas de seguir reivindicando y delante de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda lo que es de justicia, que es ese sistema de financiación nueve que de, una vez, acabe con esa falta de equidad y falta de igualdad de los valencianos respecto a los ciudadanos de otras comunidades”, declaró la consejera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, quien defenderá la reforma urgente del sistema de financiación, que castiga a la Comunidad Valenciana. Y Merino reclamará la creación de un fondo transitorio que dote a la Comunidad Valenciana de más recursos mientras se soluciona la reforma del actual sistema de financiación”.
La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, aseguró la semana pasada en el parlamento andaluz que se opondrá de forma “rotunda” a la propuesta de “financiación singular para Cataluña”, porque considera que “separa a los españoles”. La andaluza sentenció: “Rechazaremos cualquier privilegio en la financiación de una sola comunidad de régimen común, porque los privilegios de un territorio se convierten en agravios para el resto”. La consejera defenderá en el CPFF un fondo transitorio para compensar a las comunidades que están infrafinanciadas.
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